Tras una reunión con los representantes y personeros locales de los monopolios imperialistas mineros que operan en el país, el martes 14 el propio presidente Mauricio Macri se comprometió a liderar la iniciativa oficial para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la ley de protección de glaciares (La Nación, 15/11/2017).
Tras una reunión con los representantes y personeros locales de los monopolios imperialistas mineros que operan en el país, el martes 14 el propio presidente Mauricio Macri se comprometió a liderar la iniciativa oficial para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la ley de protección de glaciares (La Nación, 15/11/2017).
Como un eco, durante la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23) realizada en Bonn, Alemania, el jueves 6 el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, señaló que el Gobierno considera necesario “revisar” la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares. “Los proyectos de leyes de ordenamiento territorial requieren revisión porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fis-calización y de ejecución eficientes para su fin. Terminan siendo una épica legislativa que se hizo el lobby para que se proclame, y después no tienen ninguna trazabilidad sobre cómo esa ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz, del recurso natural y el territorio que queremos preservar”, sostuvo el polifacético ministro Bergman, como si su gobierno no fuera también responsable del incumplimiento de estas leyes, contribuyendo a convertirlas en una “épica legislativa” irrealizable.
Recordemos que, en el caso de los glaciares, la primera ley que tenía como objetivo protegerlos fue sancionada en 2008, por iniciativa de la diputada Marta Maffei, pero la misma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, tras su entendimiento con la Barrick Gold. Luego, en 2010 se presentaron dos iniciativas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus que, consensuada con disidencias de los sectores kirchneristas afines a las megamineras, terminó con la sanción de la nueva ley el 30 de septiembre de 2010, que la entonces Presidenta no vetó pero tampoco promulgó, por lo que quedó promulgada de hecho el 28 de octubre de 2010. Pero nunca se hizo el Inventario Nacional de Glaciares que preveía la ley, un paso necesario para su puesta en marcha efectiva.
La Ley 26.639 denominada “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico constituyendo a los glaciares como bienes de carácter público.
Prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; y ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y a que, antes del 30 de marzo de 2011, tenían que relevarse las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos mega mineros.
Tanto el gobierno de Cristina Fernández como el de Mauricio Macri son responsables del no cumplimiento de esta ley, a la que en ninguno de los presupuestos hechos desde su promulgación se asignaron fondos necesarios para su implementación. Ahora el gobierno de Macri asume descaradamente la defensa de los intereses de los monopolios imperialistas mineros, proponiendo directamente las modificaciones de la ley que le plantean, y su ministro Bergman deschava que también van por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos en beneficio de la expansión de los monopolios latifundistas sojeros.
Según sabemos, las dos fuentes de la riqueza en cualquier sociedad son el trabajo y la naturaleza, y que el capitalismo monopolista, en su afán de acrecentar sus ganancias, destruye ambas fuentes. De ahí el embate que estamos viviendo en el mundo, al que se suma alegremente el macrismo, contra las leyes de protección al trabajo y a la naturaleza, que el proletariado y los pueblos del mundo han logrado en muchos años de lucha. Por eso, hoy más que nunca, es necesario unir todas las fuerzas obreras y populares, y demás sectores patrióticos y democráticos para impedir que pasen todas estas contrarreformas flexibilizadoras con las que el gobierno de Macri quiere condenarnos a una mayor dependencia de los imperialismos y del latifundismo, destructores del trabajo y de la naturaleza.
