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24 de agosto de 2016

A pocas semanas de cumplirse diez años de la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos las políticas de impunidad y reconciliación con los genocidas que promueve el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Pasan los gobiernos, sigue la impunidad

A 10 años de la segunda desaparición de Julio López

 
Los dichos de Darío Lopérfido –quien continúa siendo funcionario de la Ciudad de Buenos Aires– sobre la cantidad de desaparecidos y sus agravios contra los sobrevivientes no fueron exabruptos. Se inscriben en las recientes declaraciones de Macri, cuando dijo “no saber” cuántos fueron los desaparecidos y habló de “guerra sucia” para referirse al genocidio perpetrado por la dictadura.

 
Los dichos de Darío Lopérfido –quien continúa siendo funcionario de la Ciudad de Buenos Aires– sobre la cantidad de desaparecidos y sus agravios contra los sobrevivientes no fueron exabruptos. Se inscriben en las recientes declaraciones de Macri, cuando dijo “no saber” cuántos fueron los desaparecidos y habló de “guerra sucia” para referirse al genocidio perpetrado por la dictadura.
Detrás de esto, hay una política clara. Su gobierno apunta a involucrar a las fuerzas armadas en la represión interna, con la excusa del “combate al narcotráfico”. El verdadero objetivo son las protestas y movilizaciones de los trabajadores y el pueblo contra el ajuste y el tarifazo que están aplicando el gobierno nacional y los gobernadores provinciales.
La impunidad de los genocidas es funcional a este plan. Los decretos de “autogobierno” de las fuerzas armadas, el desfile del carapintada Aldo Rico y de los genocidas del “Operativo Independencia” en los festejos del Bicentenario; los acuerdos para instalar y mantener bases militares extranjeras; los llamados a la “reconciliación” y a “cerrar las heridas del pasado”; las entrevistas del secretario de Derechos Humanos Avruj, con los grupos defensores de los represores; el aval político del Ministerio de Justicia al otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas condenados; el intento de imponer una política de olvido y de reinstalar la teoría de los dos demonios, forman parte de la profundización represiva que sufrimos como pueblo. Debe enmarcarse en esta política de provocación el intento de conducir con la policía a Hebe de Bonafini a minutos de las rondas de las madres el jueves 4 de agosto, más allá de las profundas discrepancias que tenemos con Hebe de Bonafini particularmente alrededor de su respaldo a la designación como jefe del Ejército del genocida César Milani, el silencio cómplice frente a la segunda desaparición de Jorge Julio López y, fundamentalmente, con la política de cooptación y uso del kirchnerismo de las organizaciones populares que graficó “sueños compartidos”.
Los palos a los obreros de Cresta Roja y Mascardi en la Panamericana; el encarcelamiento de dirigentes opositores en Jujuy; la represión a los empleados municipales de La Plata; el “protocolo represivo” de la ministra Bullrich; el apoyo a la represión contra los trabajadores en Santa Cruz y Tierra del Fuego; la represión a militantes de la Asociación de Medieros y Afines (Asoma)- FNC y de la CCC detenidos por reclamar Tierra para producir; la represión a los jubilados en el Puente Pueyrredon; la represión en Mar del Plata a vecinos que se manifestaban contra la visita y el acto de Macri, queriendo dejar el hecho como un ataque al presidente; el atentado en el domicilio a la abogada de DDHH Laura Figueroa, querellante en varias causas contra los genocidas en la provincia de Tucumán, demuestran también el intento de profundizar la represión para aplicar su política de ajuste brutal y hambre a nuestro pueblo.
Tiene la misma significación la persecución a los dirigentes sindicales combativos como el Pollo Sobrero y el sindicato azucarero del Ingenio Ledesma que busca la restricción al derecho de huelga en consonancia del fallo de la Corte Suprema.
El 18 de septiembre se cumplirán diez años de la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López. Mientras tanto, un tribunal acaba de decidir el otorgamiento de prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, su torturador y principal sospechoso por la segunda desaparición de Julio. Hay en esta resolución una clara cuestión política, esta medida está alineada a las voces de los apologistas del genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar claramente expresada en el editorial del diario La Nación, ratificada luego por el ministro Avruj quien recibió a familiares y admiradores de los reos encarcelados por delitos de lesa humanidad, o la del presidente Macri volviendo negar la responsabilidad del Estado en el genocidio denominándolo “guerra sucia”. 
Durante más de nueve años, desde los gobierno​s de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se silenció su ausencia. Nunca se investigó a los genocidas partícipes de su segunda desaparición y su entorno. Jamás se indagó a Etchecolatz y su entorno, para asegurarse un pacto de gobernabilidad con la maldita policía bonaerense que siguó asesinando, secuestrando y desapareciendo a cientos de jóvenes impunemente como demostró el escandaloso asesinato de Luciano Arruga. Ahora, el macrismo quiere a Etchecolatz en su casa y los jueces Alejandro Esmoris y Germán Castelli resultaron funcionales a su política.
No podemos dejar de señalar que durante los gobiernos kirchneristas sumaban 441 represores –sobre unos 2.000 imputados– los beneficiados con prisión domiciliaria, se promulgaron las Leyes Antiterroristas, se involucró a las fuerzas armadas en el control de las fronteras en la supuesta “lucha contra el narcotráfico y en tareas de “asistencia social” militarizando a los barrios populares; y se nombró al genocida César Milani al frente del Ejército, asignándole un abultado presupuesto para equipamiento en inteligencia interna. En los últimos doce años hubo presos políticos, criminalización de la protesta y condenas a luchadores, veinte muertos en protestas y movilizaciones, patotas sindicales, Proyecto X, Berni, gatillo fácil, torturas en las cárceles y comisarías. 
Por todo esto, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a una cita de honor el 18 de septiembre en Plaza de Mayo, al cumplirse diez años de la segunda desaparición de Jorge Julio López.
Por Julio y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos; contra el ajuste y la represión y en apoyo a todas las luchas de nuestro pueblo en defensa de sus derechos, por un país sin opresión y explotación.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la segunda desaparición de Jorge Julio López.
No a la profundización del ajuste y la represión de Macri y los gobiernos provinciales.
No a la política de reconciliación con los genocidas.
¡Aparición con vida ya de Julio López!
¡Basta de encubrimiento e impunidad!
¡No a la domiciliaria a Etchecolatz!
​¡Cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas!
​No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes!  
 
Encuentro Memoria Verdad y Justicia