Documento acordado sobre Golpe del 24 marzo 1976

Mañana se cumplen 36 años del golpe más sangriento de la Argentina. Los militares genocidas, con la complicidad de sectores civiles, fueron los responsables de la instauración, sostenimiento y funcionamiento de más de 600 CCD. Campos de concentración,cárcel, exilio,secuestro, tortura, asesinatos, desapariciones, violaciones, vuelos de la muerte, robo y apropiación de los hijos de nuestros compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos fueron los métodos mediante los que intentaron disciplinar y cerrar el ascenso de luchas iniciado con el Cordobazo y las grandes puebladas de los 70. El terrorismo de estado tuvo como antecedentes a la Triple A, el Operativo Independencia en Tucumán y el accionar de bandas fascistas en todo el país que  actuaban junto a los sectores que preparaban el golpe.

La dictadura instaurada en marzo del 76 fue propiciada, sostenida y avalada por los grupos económicos y religiosos que vieron peligrar sus privilegios.

A estos grupos les preocupaba el ascenso de luchas y conciencia populares, sindicatos arrancados a las burocracias traidoras, miles de delegados de base organizados democráticamente para avanzar en las luchas por salarios y mejores condiciones de trabajo, universidades en dónde se discutía las formas de articulación entre la ciencia y las necesidades del pueblo, la lucha para que el estudio deje de ser para pocos, colegios secundarios que mediante sus cuerpos de delegados y centros de estudiantes buscaban una mejor educación, la lucha, hoy emblemática por el boleto secundario; las villas y barrios populares que se organizaban para mejorar definitivamente su situación; el arte y la cultura que en todas sus expresiones mostraban su compromiso en consonancia con todos estos avances, eran  obstáculos serios que ponía en peligro los privilegios de las clases dominantes. Su respuesta fue el golpe genocida, el terrorismo de estado como medio de disciplinamiento y acatamiento a los planes de hambre y miseria que impusieron.

Nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres durante la dictadura, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, el imprescindible testimonio de los ex detenidos-desaparecidos, la heroica resistencia a la teoría de los dos demonios, la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios fueron trazando el camino.

Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el Gobierno no tiene, no existe voluntad política de condenar el carácter masivo, planificado y organizado de la represión; en una palabra, de reconocer que aquí sucedió un genocidio.

Este nuevo 24 de marzo nos encuentra comprometidos con la historia, con el presente y con el futuro. Celebramos el crecimiento a lo largo y ancho de nuestro país de las luchas y nuevas formas de organización popular, puebladas, manifestaciones, cortes de calles y de ruta, movilizaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas, de tierra y de edificios públicos, acampes, piquetes, las más diversas formas de pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y populares,

30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTE!!

A 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos  juicios sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados fue condenado, y en la mitad de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Y si tenemos que  estos 1800 procesados son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, veremos la dimensión del  grado de impunidad que genera los juicios fragmentados, a pocos represores y por pocos compañeros.

Para tener una clara noción de esta situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos: 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados. El último caso fue  la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que se desarrolla en nuestra ciudad. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo González Conti y Osvaldo Sertorio durante la instrucción de estas causas, no hace más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.Más de 400 hijos de nuestros compañeros desaparecidos, secuestrados junto a sus madres o nacidos en cautiverio y que fueron apropiados que siguen desconociendo su identidad. Exigimos al Gobierno que encuentre a esos jóvenes y que les restituya su verdadera identidad, y la apertura inmediata de todos los archivos.

JUICIO Y CASTIGO. CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS

RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS

 

Este mes se cumplieron 66 meses de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. a la inacción que padece la causa, a la parálisis judicial y política en la búsqueda del compañero y en el esclarecimiento total del secuestro, se le suma la sustanciación de una escandalosa causa, por la que en estos días se están tomando declaraciones, contra jueces y querellantes en el juicio al genocida Etchecolatz en cuyo marco desapareciera el compañero.

La denuncia fue hecha por los abogados patrocinantes de la familia de López, quienes presentaron una demanda penal para que se investigase a todas las personas de su entorno social,  personas vinculadas a los organismos de DDHH,  compañeros, jueces y fiscales como responsables de la desaparición por no haberle brindado protección en el juicio.

La causa judicial es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecer la desaparición de López, una prueba descarnada de las maniobras de impunidad y de encubrimiento de las que son capaces jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas.

A 66 meses no existen imputados, ni líneas firmes de investigación. El Estado ha avalado el ocultamiento de información, la frustración de pruebas, el abandono de líneas de investigación, ya que ninguno de los funcionarios responsables de estas graves irregularidades ha recibido sanción alguna de parte del gobierno nacional o provincial.

Ha sido y es, precisamente, la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomenta que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continúen y se agraven, transformándose en agresiones, secuestros y asesinatos.

APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ,

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN.

 

La nueva ley “antiterrorista”  fue impulsada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aprobada por la mayoría que tiene el Frente para la Victoria en el Congreso Nacional. Esta ley amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta. Sus alcances son mucho mayores a la sancionada en el 2007 y permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.

Se utiliza el termino “terrorista” para demonizar al opositor político, justificar su persecución y su eliminación. Actualmente existen claros intereses políticos por parte de los imperialistas y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. Estas leyes fueron aplicadas en Chile los mapuches, en Perú los docentes. En Irak y Afganistan los “terroristas” son lo que resisten la invasión de los EEUU y sus socios.

La facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que demonizan la protesta, es muy amplia.

A partir de ahora cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley. De esta manera  se posibilita calificar de terrorista casi a cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Mucho menos podemos pasar por alto las declaraciones de la Presidenta cuando califica los reclamos de los trabajadores como extorsivos.

Esto va de la mano del incremento de la criminalización de la protesta social ocurrido estos últimos 9 años, junto a la ya desembozada inteligencia sobre los sectores en lucha. El denominado Proyecto x no es más que una muestra palmaria de esta política dirigida a perseguir a los luchadores.

Hay más de 5000 luchadores criminalizados, miles de causas penales están abiertas en todo el país contra nuestros compañeros. Y no sólo cada día se suman nuevas causas sino que en el transcurso de este año muchos compañeros serán sometidos a juicio donde se definirá su libertad.

En éste último año prácticamente no ha existido lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento.

Por otra parte la represión directa ha crecido exponencial y brutalmente. En el 2011 fueron 18 los compañeros asesinados por luchar.

Pueblos de La Rioja, Catamarca y Tucumán se han levantado contra la explotación minera a cielo abierto que contamina y mata. Esas acciones de los pobladores de Famatina, Chilecito, Santa María, Belen, Tinogasta, Andalgalá en defensa del medio ambiente, de la vida, sólo han recibido como única respuesta del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la justicia, la represión y la aplicación de la Ley Antiterrorista. Arrestos y detenciones sin orden judicial, patotas financiadas por las empresas mineras y con “permiso” de las Policías provinciales y de la Justicia tanto federal como provincial.

La represión, la criminalización de la protesta y la pobreza, el Proyecto X, el gatillo fácil son muestra de que el aparato represivo sigue intacto e impune, el gobierno de Cristina y los provinciales, no sólo lo utilizan contra toda oposición popular sino que lo vienen reforzando con la Ley Antiterrorista y grupos parapoliciales.

Desde acá queremos denunciar, que hace pocos días, clausuraron a la Casa por los DDHH Hermanos Zaragoza por ruidos molestos mientras se pasaba una película, cuando todos sabemos que desde la desaparición de Jorge ese ha sido el ámbito de organización de esta Multisectorial.

• DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO

• BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN

• ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA

• APERTURA PÚBLICA DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO X

• AMNISTÍA O  DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES

 

De los 3.139 asesinatos a manos de las fuerzas represivas del estado desde diciembre de 1983 hasta la fecha, más de la mitad, 1.637 corresponden al gobierno de los Kirchner. Existe una continuidad en los métodos represivos y en la desaparición forzada de personas, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Darian Barzabal son sólo algunos de los casos que lo demuestran.

El secuestro y desaparición de Luciano Arruga a manos de la bonaerense es otra muestra de la continuidad de los métodos represivos dictatoriales.

El aparato judicial está al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza, nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores del gatillo fácil de hoy.  La cárcel se usa como control social, más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, que no han sido juzgados ni condenados, la mayoría de ellos pobres y excluidos.

Las cifras de mujeres asesinadas por la violencia machista siguen creciendo. Un total de 750 mujeres y niñas fueron asesinadas en los últimos 3 años a causa del machismo. En nuestra ciudad continúa impune el asesinato deSusana de Bártoli, Bárbara Santos, Micaela Galle de 11 años, y Graciela Vega.

Hay 500 mujeres que mueren anualmente, en su  mayoría pobres, producto de la penalización del aborto.

En nuestra ciudad tenemos un grito de lucha que es Sandra Ayala Gamboa, violada y asesinada en dependencias del gobierno provincial sin que haya respuestas. A 5 años del femicidio de Sandra tenemos un juicio en puerta con un solo acusado. Nunca se investigó la complicidad de otras personas, el desastre pericial que hizo la policía y que avaló la fiscalía

No existe trata de personas sin complicidad del estado.

• BASTA DE GATILLO FACIL

• JUSTICIA PARA SANDRA AYALA GAMBOA y todas las víctimas de la violencia de género.

• Ni un femicidio más.

• EDUCACION SEXUAL PARA ELEGIR,   ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.

• INMEDIATO DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA

 

El genocidio no fue llevado a cabo solamente por las fuerzas armadas y los grupos de tarea, fueron también impulsores y responsables los grupos económicos como los Rocca – Techint, los Ledesma-Blaquier, la Mercedes Benz , la Ford , Martínez de Hoz, los Menendes Betty y La Sociedad Rural, burócratas sídicales como Rodriguez de SMATA y Gerardo Martínez de UOCRA que entregaron a  compañeros, la cúpula de la Iglesia que bendijo el genocidio; el poder judicial que los amparó y los políticos que los avalaron junto a los grandes medios de comunicación lavándole la cara a los genocidas.

Repudiamos el modelo político-económico que la dictadura impuso y que se continúa hoy en día. Durante estos años de democracia el imperialismo, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros junto a nuestros gobiernos de turno y de la mano cómplice de las burocracias sindicales dictaron las políticas que profundizaron la crisis estructural de la Argentina acrecentando la desigualdad social, la exclusión y la miseria.

Hoy se desarrolla de manera desigual una de las peores crisis mundiales de la historia. Pueblos enteros estas sumidos en la hambruna y surgen rebeliones en todos ellos.

El gobierno K sigue aplicando como  variable de ajuste la inflación, que sumado a los topes salariales, la quita de subsidios y los tarifazos, aleja cada vez más el precio de la canasta familiar del salario de la gran mayoría de los trabajadores.Mienten descaradamente cuando hablan de 8% de desocupación, para el gobierno contar con un plan social de miseria, de 1500 $ o trabajar dos horas por semana es estar ocupado. Crece la precarización del empleo, o contratos que no se renuevan como en el caso de los compañeros del call center de ARBA en nuestra ciudad.

La deuda externa se sigue pagando, una deuda ilegítima que no fue contraída por el pueblo argentino, fraudulenta y producto de estafas. Deuda que se paga con el hambre de nuestros pibes, mientras los bolsillos de los poderosos se siguen llenando.

Este es el modelo, mayor explotación, sueldos despreciados, liquidación de conquistas de los trabajadores, extranjerización de la tierra, entrega y destrucción de la industria nacional, pago de la deuda externa, cercenamiento de las libertades individuales y colectivas, el saqueo de la megaminería y el petróleo, expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, violación sistemática de los derechos de los que menos tienen. Esto está en las antípodas de los objetivos que tuvieron los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.

¡No fue casualidad, fue una masacre!

La dictadura tuvo como objetivo instalar un modelo económico y social de superexplotación que fue profundizado en las décadas siguientes. Fue precisamente este modelo el que hace 1 mes produjo la masacre en pza once. Centenares de heridos y 51 trabajadores pagaron con sus vidas el régimen de las privatizaciones ferroviarias, la malversación de los fondos públicos en beneficio de los Roggio, Cirigliano y compañía, y de los funcionarios que hacen de intermediarios. Los privatizadores receptores de estos subsidios son los mismos que sostuvieron a los Videla, Alfonsín, Menem, De la Rua y a los K. No sorprende, entonces el operativo de impunidad que cubre el crimen de Once. La trama que mato a 51 trabajadores es la misma que se manifestó en el crimen de Mariano Ferreyra. Es la alianza del Estado, los privatizadores y la burocracia sindical que han dejado al transporte en ruinas, con trenes de mas de 100 años, donde se viaja en pésimas condiciones  y que en defensa de sus beneficios enfrentan a los que defienden los intereses del pueblo trabajador. Venimos hoy a reclamar el fin de la impunidad. JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE

INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES BAJO CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS

REESTATIZACION DE TODAS LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS

NO AL AJUSTE. QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO

SALARIO = A LA CANASTA FAMILIAR DE 7000$

 

El gobierno es socio de los pools sojeros, de las empresas mineras, petroleras y del juego.

La concentración y extranjerización de la tierra, el monocultivo de soja, los agrocombustibles y el saqueo minero y petrolero son políticas de estado. El Kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo que nunca antes creció tanto como en estos últimos 8 años.

La violación sistemática de derechos humanos, política propias de la dictadura militar, se evidencia en el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos.

Ningún funcionario del gobierno cuestiona la represión sufrida por los pueblos originarios, develando la hipocresía del discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos, los mismos que no se tuvieron en cuenta ante el asesinato del qom Roberto López en Formosa, de María Cristina López y Mario García, compañeros del pueblo Wichi, El diaguita Javier Chocobán asesinado en Tucumán, siendo estos solo algunos nombres de una larga lista.

Reivindicamos la lucha por el reconocimiento de los derechos autónomos, soberanos y a la autodeterminación de los pueblos originarios.

BASTA DE SAQUEO Y CONTAMINACIÓN

NO A LA MEGAMINERÌA

BASTA DE DESALOJOS A LOS CAMPESINOS/AS Y COMUNIDADES INDIGENAS. DEVOLUCION DE SUS TIERRAS Y AUTONOMIA

TIERRAS PARA EL QUE LA QUIERA TRABAJAR, TIERRA PARA VIVIENDA

 

Este año se cumplen 30 años de la recuperación de las Islas Malvinas. El gobierno, como lo hizo con la de los Derechos Humanos,  pretende levantar una bandera que no es suya, la de Malvinas, pero sólo de palabras sin tocar un solo interés de los ingleses en la Argentina.

Las Malvinas son argentinas y para recuperarlas tenemos que golpear al colonialismo inglés donde más les duele, en sus intereses económicos, como son la Barrick y Osisko, la British Petrolium, y las miles de hectáreas que tienen en la Patagonia. Exigimos al gobierno que anule los pactos secretos con los ingleses firmados por Menem y la expropiación sin pago de las empresas y tierras en manos de los ingleses, así como de todas las mutinacionales que saquean nuestras islas.

FUERA INGLESES DE MALVINAS.

FUERA EL IMPERIALISMO DE AMÉRICA LATINA.

 

El 19 y 20 de diciembre pasado se cumplieron 10 años del Argentinazo, cuando por primera vez en la historia el pueblo en las calles logró echar un presidente y acabar con un gobierno entreguista y hambreador. No se pudo imponer un gobierno del pueblo, pero muchas cosas no volvieron a ser las mismas. No pudieron sacar al pueblo de las calles y reencauzarlo por las sendas institucionales. Ante cada problema o necesidad se sigue utilizando el corte de calle o ruta como manifestación, surgen nuevos reclamos como los ambientalistas, en el movimiento obrero desde cada fábrica, cada sección emergen democráticamente delegados combativos  En estos últimos 3 meses se han producido cambios importantes. La lucha contra la megaminería, que tuvo un apoyo popular muy amplio, golpeo al gobierno que termino reprimiendo y apoyando a las mineras. Por primera vez bajo el gobierno K, la Cetera llamo a un paro nacional docente, por presión desde abajo que con el discurso gorila de Cristina potencio la bronca y la masividad. Se abren múltiples paritarias en dónde la lucha por romper el tope que pretende imponer el gobierno será una constante. El repudio y la lucha por la masacre de Once unió a trabajadores ferroviarios, víctimas y usuarios desnudando el modelo corrupto de los subsidios entre las empresas y el Gobierno. Y han vuelto a escena los desocupados mostrando el clientelismo de los planes y exigiendo su universalización y aumento para derrotar el hambre que comienza a castigar.

Por eso, una vez más desde esa plaza, exigimos que la crisis no la pague el pueblo, que la paguen los que se enriquecieron todos estos años.

 

A 36 años las banderas por las que dieron su vida los 30000 compañeros detenidos desaparecidos siguen vigentes, levantamos cada vez más alto esas banderas, y llamamos a continuar construyendo el camino para conquistar la liberación de nuestra patria y nuestro pueblo.

 

EXIGIMOS AL GOBIERNO:

• JUICIO Y CASTIGO  A TODOS LOS GENOCIDAS, CON CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.

• RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS

• INMEDIATA APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.

 

• APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA

• JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SUS SECUESTROS Y DESAPARICIÓNES

 

• JUICIO Y CONDENA A LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA.

• JUSTICIA PARA SILVIA SUPPO, CARLOS FUENTEALBA, LAZARO DUARTE Y DEMÁS MÁRTIRES POPULARES

 

• DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO

• BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN

• ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA

• APERTURA PÚBLICA DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO X

• AMNISTÍA O  DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES

 

• BASTA DE GATILLO FACIL

• NO A LA BAJA DE EDAD DE LA IMPUTABILIDAD

• NINGÚN PIBE NACE CHORRO

 

• JUSTICIA PARA SANDRA AYALA GAMBOA y todas las víctimas de la violencia de género.

• Ni un femicidio más.

• EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR,   ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR

 

 

• SALARIO = A LA CANASTA FAMILIAR DE 7000$

 

• INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES BAJO CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS

• JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE

• REESTATIZACION DE TODAS LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS

• NO AL AJUSTE. QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO